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Investigación abarca de 1999 a 2008; el origen de todo, durante el gobierno de Aznar

Entramado de corrupción en España involucra a políticos del PP y empresarios

Hay 73 imputados por fraudes documentados que implican más de 30 millones de dólares

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El ex presidente del gobierno español, José María Aznar, y el líder del derechista Partido Popular, Mariano Rajoy, ayer durante un encuentro en Sevilla. El grupo político enfrenta una indagatoria por el escándalo de corrupción más grande en el país desde el regreso a la democraciaFoto Reuters
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 9 de abril de 2010, p. 20

Madrid, 8 de abril. España asiste al que para muchos ya es el peor escándalo de corrupción política desde la reinstauración de la democracia, en el que están involucrados destacados políticos de la derecha española, el Partido Popular (PP), y empresarios de nuevo cuño forjados bajo la sombra de la obra pública concedida por dedazo. La conocida como trama Gürtel descubre ante una opinión pública atónita un vodevil en el que se mezclan maletas de dinero negro, comisiones ilegales, paraísos fiscales, lujo, ostentación, prostitución y poder.

La investigación de esta trama abarca de 1999 a 2008, y sitúa su origen en la etapa de gobierno del conservador José María Aznar, quien llegó al poder precisamente con un discurso furibundo contra la corrupción y el desempleo.

A los pocos años de que la derecha española volvió al poder, tras un periodo de 13 años de gobiernos socialdemócratas, se fueron creando a su vera conglomerados empresariales con prácticas corruptas, tal como figura en un documentadísimo sumario de más de 50 mil folios.

Las cifras de la trama confirman que se trata del escándalo de corrupción más grave de la democracia española: 73 imputados, una cantidad estafada que podría superar los 27 millones de euros (32 millones de dólares), fianzas que en el caso del jefe de la trama, Francisco Correa, llegan a 85 millones de euros y, por último, están implicados no sólo la formación política conservadora, sino también numerosos gobiernos autonómicos y municipales presididos por dirigentes del PP, sobre todo la Comunidad de Madrid, Valencia, Castilla y León, y numerosos ayuntamientos de Madrid, como Pozuelo de Alarcón.

Los principales personajes de esta trama corrupta son: Francisco Correa, quien imponía a sus subordinados que le llamaran don Vito y que fue padrino de la boda de la hija de José María Aznar en El Escorial por su cercana amistad con su yerno, Alejandro Agag. Correa guardaba la mayoría de la información más delicada en un pen drive que incautó la policía en la oficina de su asesor financiero. Incluso una grabación interceptada al detenido cuando mantenía una conversación con su abogado refleja su preocupación por dicho hallazgo: “Si yo tuvieran el puto pen drive no tendrían una mierda”.

Correa era adicto al lujo, tenía varias casas –muchas de ellas a nombre de terceros– y su origen es el de un simple empleado de una empresa de viajes turísticos. Precisamente de ese origen viene su relación con el PP, pues se acercó al partido con el apoyo de destacados dirigentes para lograr que los viajes de sus líderes se contrataran con su empresa. Y así empezó su particular emporio, que se estima podría tener ocultos en diversos paraísos fiscales, además de los inmuebles localizados y las numerosísimas obras de arte y antigüedades de alto valor.

Correa tenía dos hombres de confianza, además de su asesor financiero, en quienes depositó la responsabilidad de expandir sus empresas en los feudos gobernados por el PP y a los que utilizó para conseguir la amistad de dirigentes y funcionarios que, siempre según el sumario, posteriormente le favorecían con contratos públicos que le suponían altos beneficios. Esas personas son Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, y Álvaro Pérez, conocido como El bigotes, quienes además de administrar las empresas de Correa se dedicaban en cuerpo y alma a agradar tanto a los dirigentes del PP como a sus esposas e hijas, hasta el punto de colmarles con regalos, que iban desde relojes de más de 12 mil euros (16 mil dólares) hasta coches, viajes por la Polinesia o el padrinazgo de sus bodas.

La conexión de esta trama con el PP, que comenzó a ser investigada por el juez Baltasar Garzón, viene desde varios frentes: el más claro es el del tesorero de esta formación política, el senador Luis Bárcenas, a quien el juez instructor Antonio Pedreira considera el eje de la trama por parte del PP, ya que no sólo era el responsable de facilitar contratos a las empresas de Correa, sino también se ha descubierto el pago de la presunta comisión de un millón 300 mil euros. El magistrado expuso en el auto que se sospecha de su injustificado aumento patrimonial.

Además de Bárcenas la policía investiga la posible implicación de otros destacados dirigentes del PP, tanto del de la época de Aznar como de la actual, de Mariano Rajoy. Entre ellos Francisco Álvarez Cascos, quien fuera vicepresidente del gobierno y secretario de organización del partido, y a quien señalan como uno de los principales impulsores de Correa al interior de la formación. Además de Javier Arenas, actualmente en la dirección del PP andaluz y quien aspira a gobernar esta comunidad autónoma en los próximos comicios.

Por lo pronto, el hasta ahora intocable tesorero del PP, Luis Bárcenas, renunció definitivamente a su cargo en la cúpula popular y pidió su baja temporal en el partido en lo que se aclaran las acusaciones en su contra, en un gesto solicitado y agradecido por Rajoy.

El sumario también señala al presidente de la Comunidad Valencia, Francisco Camps, y casi a los más importantes cargos de su administración, a parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, a cuya presidenta, Esperanza Aguirre, la ubican como posible beneficiaria de una presunta financiación ilegal de un millón 300 mil euros.

La trama Gürtel cuestiona la supuesta máxima defendida por Aznar durante años, que el PP es incompatible con la corrupción. O la otra, repetida por el fundador del partido y ex ministro franquista Manuel Fraga Iribarne, quien afirmó: podemos meter la pata, pero no la mano. El juez Pedreira rebatió en 50 mil folios estas afirmaciones.