Más de cien organizaciones no gubernamentales (ONG) enviaron ayer a los congresos de las 32 entidades federativas una carta mediante la cual instan a los legisladores a aprobar cuanto antes la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ya fue dictaminada en el Congreso el pasado 23 de marzo.

La misiva, firmada por colectivos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se congratuló por el hecho de que la iniciativa ya fue aprobada en los congresos de 11 estados y urgió a los que faltan a sumarse a la brevedad.

Luego de ponderar la iniciativa, por ser resultado de un arduo camino de deliberaciones y años de esfuerzo de actores diversos, las organizaciones destacaron que el mencionado documento por fin retoma muchas observaciones que se habían formulado desde la sociedad civil.

La reforma que ustedes están por considerar, además de reconocer los derechos humanos en la Carta Magna, los robustece al incluirlos como principios que orientarán funciones vitales del Estado democrático de derecho, como son la educación, el sistema penitenciario y la política exterior, señalan los firmantes.

En la carta se hace énfasis en que las leyes nacionales y los tratados internacionales que ha signado el país no se contraponen, sino que se complementan para garantizar un ejercicio más amplio y consolidado de las garantías individuales.

Esos convenios, agregan, “constituyen norma nacional, y son fuente de obligaciones para los sujetos de poder público que conforman el Estado mexicano. (…) Por ello, la ampliación del reconocimiento constitucional de derechos humanos universales (…) se encuentra en armonía con el espíritu de nuestra Carta Magna”.

Al cumplir estas disposiciones internacionales, agregan, “el Estado democrático de derecho y el pacto federal se fortalecen a la luz de la reforma, ya que ésta no responde a una lógica de contradicción entre el derecho internacional y el interno (…), sino a una lógica de complementariedad en la protección de los derechos humanos”, insisten las organizaciones civiles.

En caso de que esta disposición se obedeciera, el Poder Judicial del país debería brindar los elementos necesarios para que los ciudadanos mexicanos puedan agotar satisfactoriamente todas las instancias en la resolución de conflictos, sin necesidad de recurrir a instancias externas.

Por lo anterior, hacen un llamado a las fuerzas políticas representadas en los congresos locales a que aprueben la reforma cuanto antes, lo que pondría a México en armonía con los parámetros de la mayoría de los Estados modernos.

“Confiamos en que el Congreso de su estado priorizará este tema en su agenda de debates y aprobará la minuta de reforma a la brevedad, para que pueda ser debidamente refrendada (…), y con ello dar un paso decisivo en el fortalecimiento de la democracia, la paz y el bienestar de México”, concluye la carta.