De comprobarse que Banco Monex incurrió en prácticas de lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puede revocar la autorización a esta institución para operar en México, según las atribuciones que le confiere la actual legislación, aseguró el Centro de Estudios del Sector Bancario.

Se descubrió que cinco empresas (Inizzio, Efra, Atama, Koleos y Tiguán) son de papel o fantasmas, las cuales fueron utilizadas presuntamente como pantalla para triangular recursos a la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, Enrique Peña Nieto.

Por su parte, Mario di Costanzo, diputado y experto en temas financieros, aseveró que en esta intrincada red al menos se puede iniciar una investigación por evasión de impuestos. Consideró que la pesquisa debería ser una máxima prioridad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria y la propia Procuraduría General de la República.

De acuerdo con un análisis sobre la legislación actual, el artículo 28 de la ley de instituciones de crédito faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dependiente de la SHCP, para aplicar la revocación de la autorización si no cumple con más de una medida correctiva adicional.

El Centro de Estudios del Sector Bancario explicó que el artículo 155 de la misma ley indica que las instituciones de crédito, en este caso Banca Monex, deben contar con medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos tipificados en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo código.

El capítulo II, intitulado Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, señala que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.”

Además, el presidente de la CNBV puede ser sancionado con inhabilitación o cárcel de no ajustarse a lo que establece la ley de instituciones de crédito, indica el mismo artículo.

Más aún: el presidente de la CNBV, de no cumplir lo previsto de esta misma ley, cae en el mismo supuesto de este artículo que sanciona con pena de cárcel a servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos, por lo que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico denunciar ante la Procuraduría General de la República.

En tanto, Mario di Costanzo señaló que aunque no se ha comprobado que los recursos provengan del narcotráfico, se puede inferir que sea dinero de los gobiernos de los estados.

La operación hasta el momento detectada reúne las tres etapas que forman parte de una operación de lavado de dinero: primero es la colocación, la estratificación y luego la integración al flujo legal. En la estratificación estamos viendo a estas cinco empresas (Inizzio, Efra, Atama, Koleos y Tiguán), con la clásica operación para blanquear dinero con empresas fantasmas o semifantasmas. Esa operación esta muy clara.

Lo que hace falta para conocer la verdad –dijo– es primero saber de dónde procedía el dinero y la clave está en las empresas y en Monex, un agente muy cuestionado, pero esta empresa tiene la respuesta, porque sabe de dónde le llegó el dinero y en manos quién terminó el Sí Vale o la tarjeta prepagada.