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Pidió a una corte federal de apelaciones estadunidense bloquear miles de demandas

Chiquita Brands busca evitar ser juzgada por asesinatos cometidos en Colombia

Pagó 1.7 millones de dólares a un grupo paramilitar; alega chantaje; en 2007 se declaró culpable

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Periódico La Jornada
Domingo 22 de septiembre de 2013, p. 27

Miami, 21 de septiembre.

Chiquita Brands International ha pedido a una corte federal de apelaciones estadunidense que bloquee una serie de demandas presentadas en Estados Unidos por miles de colombianos cuyos familiares fueron asesinados durante la sangrienta guerra civil en su país. Las demandas exigen miles de millones de dólares por compensación de daños.

La compañía, que por mucho tiempo tuvo plantaciones bananeras en Colombia, admitió que pagó a un grupo paramilitar colombiano de derecha 1.7 millones de dólares a lo largo de un periodo de siete años.

La empresa con sede en Charlotte, Carolina del Norte, insiste en que fue chantajeada a pagar o arriesgarse a actos violentos contra sus propias operaciones y empleados, si bien en 2007 Chiquita se declaró culpable de cargos penales en Estados Unidos de haber apoyado a terroristas. Pagó una multa de 25 millones de dólares.

Las demandas colombianas, consolidadas para las acciones previas al juicio ante un juez federal en West Palm Beach, busca que Chiquita sea considerada responsable de miles de muertes a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de derecha. Los familiares colombianos de las víctimas han ganado varios fallos clave antes del juicio, pero ahora Chiquita está llevando su lucha por la desestimación a un nuevo nivel.

Básicamente, Chiquita desea que la Corte Federal de Apelaciones del 11 Distrito desestime la demanda porque, asegura la compañía, cada asesinato no puede ser vinculado de manera específica a la compañía, pues no significa que esta sabía sobre tales asesinatos y los apoyaba.

Chiquita agregó que los casos de colombianos deberían de ser anulados por un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en abril pasado en un caso llamado Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum, que impuso nuevos límites a las capacidades de extranjeros de usar cortes estadunidenses para buscar responsables y compensaciones por daños por violaciones a los derechos humanos.

Pese a los relatos aterradores sobre la violación de sus derechos humanos y cientos más de los afectados que demandan justicia, los abogados de Chiquita dicen que los colombianos no presentan un solo hecho que relacione a Chiquita con ninguno de los actos de violencia tratados, mucho menos que indique que Chiquita deseaba que ocurrieran los actos violentos.

Altos niveles de términos generales es lo único que han ofrecido los demandantes, argumentó Chiquita. Los abogados de los colombianos dicen que ese argumento choca con las leyes penales estadunidenses, que generalmente hacen de quien toma la decisión en una conspiración más responsable que alguien que simplemente sigue esas órdenes. Eso también debería aplicarse a este caso civil, dicen. Chiquita, argumenta, sabía que las AUC estaban matando civiles pese a no conocer los detalles.

No tiene mucho sentido porque entonces la gente que dio las órdenes, pero que no sabía los nombres de las víctimas, no es responsable, y sólo quienes jalaron el gatillo hicieron algo malo, dijo Paul Wolf, que representa a miles de los demandantes colombianos.

Aun así, Chiquita señala un fallo reciente del 11 circuito que determinó que a un ex ministro de Defensa boliviano no puede ser considerado responsable de asesinatos extrajudiciales, pese a que viajaba en un helicóptero que conducía a personal militar a disparar. La corte falló que no existía evidencia suficiente entre las órdenes del ministro y las muertes.