El narcotráfico no es la primera fuente de violencia en México, sin embargo, ha servido para ocultar otras formas de violencia, despojos, injusticias y otros problemas anteriores y más arraigados en nuestra sociedad, coincidieron los participantes en el foro La Iglesia frente a la violencia, organizado por la Universidad Iberoamericana.

José Avilés, vicario de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, acusó a consorcios mineros de sobrexplotar los recursos naturales y de despojar a indígenas de sus territorios.

Según el misionero jesuita, de 2000 a 2012 los niveles de pobreza en Chiapas han aumentado de 76.7 a 78.4 por ciento, y de cada 100 habitantes en la entidad 78 son pobres. Advirtió que en ese periodo se han otorgado más de un millón 500 mil hectáreas a grandes consorcios mineros en tierras chiapanecas, y lamentó la destrucción de una montaña en San Cristóbal.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que, por ejemplo, la policía comunitaria en Guerrero no surgió a causa del narcotráfico, sino para enfrentar a los talamontes. En los años 90, dijo, la gente se cansó de ir con policías y militares y no encontrar respuesta, así que se organizó.

Pedro de Velasco, doctor en ciencias de la religión por La Sorbona, señaló que frente a la violencia la respuesta de la Iglesia ha ido en dos sentidos: por una parte, hay unas cuantas participaciones oficiales, unos cuantos discursos de tipo moralista, piadoso, exhortaciones, pero la participación institucional ha sido pobre. Por otro lado, hay muchas organizaciones de inspiración cristiana que emprenden acciones en pro de una vida digna y justa y en contra de la violencia.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que a la violencia no se le pueden dar explicaciones que incluyan sólo factores como el crimen organizado, el narcotráfico o la pobreza. Debemos hacer un esfuerzo más complejo para detectar dónde están las raíces de este fenómeno, y señaló que también abonan al clima de violencia la militarización de la seguridad pública y las violaciones a los derechos humanos.