Número 232
Jueves 5 de Noviembre del 2015




Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

Rocío Sánchez

El Revisar, fusionar, reducir, unificar, recortar, ahorrar, suprimir. Estos y otros verbos se conjugaron para plantear la Propuesta de Presupuesto de Egresos 2016 (PPEF 2016) que deberá aprobar la Cámara de Diputados el próximo 15 de noviembre, como plazo máximo. Pero este año el presupuesto no es como los demás: tendrá como característica ser independiente de lo que se aprobó para este ejercicio fiscal que termina. Al menos esa es la propuesta del gobierno federal: un presupuesto de base cero que es un borrón y cuenta nueva e implica una revisión exhaustiva de la administración con el fin de priorizar y optimizar el gasto público.

La premisa de un presupuesto base cero, cuyo origen se gestó en la iniciativa privada pero que ha sido plenamente adoptado en la gestión pública desde la década de los setenta, es planear con base en datos reales y no en la inercia del gasto previo. Así, se exige que cada área (por ejemplo, cada secretaría) justifique detalladamente todas sus peticiones presupuestarias, explicando por qué se pide determinada cantidad y en qué se pretende gastarla. Esto implica que el proceso de elaboración de un presupuesto base cero tome en cuenta datos duros, en lugar de enfocarse en un porcentaje de aumento o disminución respecto al año previo.

El fundamento de esta perspectiva de presupuesto es identificar todas las actividades que se desea llevar a cabo y ordenarlas según su prioridad, descartando aquellas que, por sus menores resultados en cuanto a costo-beneficio, signifiquen una mala inversión.

La salud no es prioridad
La caída en los precios del petróleo, sumada a la disminución en la producción nacional del mismo, además de la depreciación del peso frente al dólar y la “desaceleración de la economía global”, son los principales factores que motivaron –o al menos, enmarcan– la propuesta de un presupuesto de base cero.

El objetivo, según explica el gobierno federal en su documento “Presupuesto de egresos de la federación, proyecto 2016. Versión ciudadana”, es hacer una reingeniería del gasto público “sin aumentar los impuestos (y) sin incrementar la deuda pública”. Para conseguirlo, la conformación del presupuesto se basó en cuatro ejes.
El primero, continúa el documento, se refiere a los programas presupuestarios. Se hizo una “revisión profunda” de los programas del gobierno, identificando complementariedades, similitudes o duplicidades, y buscando simplificar dichos programas mediante la fusión o eliminación de algunos de ellos.

El criterio para priorizar los programas fue el que usó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para determinar cuáles eran considerados como “fuerte y medianamente prioritarios” para disminuir las carencias sociales entre la población más vulnerable y alcanzar el acceso efectivo a derechos sociales como educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad.

Además, se determinó que existen cinco “prioridades de gobierno”, alineadas a la planeación nacional del presente sexenio: seguridad nacional, ciencia y tecnología, educación superior, cultura, y programas que impulsan la productividad y la actividad económica. La salud no aparece enunciada como prioridad gubernamental en este documento, aunque sí se menciona en algún punto como una “área estratégica” junto con la educación.

El segundo eje considerado es el de los servicios personales, es decir, se buscó una reducción de las estructuras operativas del gobierno federal mediante la centralización de áreas administrativas y la fusión o eliminación de estructuras muy similares o incluso duplicadas.

El tercer eje es el de gastos de operación, donde se procuró “privilegiar sólo lo indispensable para la correcta operación” de los programas, con lo que, de acuerdo con las cifras publicadas, se propone disminuir 12 por ciento el rubro de Gastos de Operación para Ramos Administrativos, esto es, 23 mil 700 millones de pesos.

El cuarto y último eje comprende los proyectos de inversión, donde se pretende que “sólo se lleven a cabo aquellos proyectos con la mayor rentabilidad social y potencial de incidencia en el crecimiento económico”.

Algunos criterios para priorizar estos proyectos son según su tipo (tiempo que llevará realizarlos, si ya iniciaron, si se trata de mantenimiento, si son proyectos nuevos) y según sus características (si son factibles, si se alinean con la planeación nacional, si son económicamente rentables y a cuánta población beneficiarán).

En este rubro, el gobierno federal hace una fugaz referencia al hecho de “impulsar la participación del sector privado” a través de lo que denomina Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) y proyectos de asociación público-privada.

Cómo hacer más, mejor, más rápido, pero más barato
El planteamiento del proyecto gubernamental del presupuesto suena a una deconstrucción del aparato administrativo que, de hacerse a fondo, probablemente se reflejaría en una mayor eficiencia del gasto público. Sin embargo, el proyecto de presupuesto de base cero fue anunciado en marzo pasado, y el PPEF 2016 se presentó a la Cámara de Diputados el 30 de junio. Cuánto tiempo real tuvieron las dependencias para hacer la revisión de sus programas, una planeación a conciencia y una justificación de todos y cada uno de sus gastos, es algo que no está claro.
La controversia en torno a la propuesta no se hizo esperar. Incluso el Instituto de Estudios para la Transición Democrática lanzó un documento titulado “Retrato de un país desfigurado”, en el que cuestiona la decisión del gobierno federal de compensar la caída de los ingresos petroleros a través de la reducción del gasto social. Por el contrario: en el pronunciamiento, decenas de intelectuales como Marta Lamas, José Woldenberg, Jacqueline Peschard o Rolando Cordera, instan al gobierno de Enrique Peña Nieto a continuar con esa inversión, incluso mediante la solicitud de préstamos para proyectos específicos, pues consideran que “el gasto de inversión (debe mantenerse) como sostén del crecimiento”, al tiempo que se refuerzan los programas de protección social.
Las y los firmantes advierten que experiencias de otros países han mostrado “el riesgo de que la austeridad fiscal profundice la desigualdad y la pobreza e inhiba el crecimiento, desatando un círculo vicioso estancamiento-bajo crecimiento-menores ingresos tributarios-necesidad de mayores recortes al gasto y aún menor crecimiento”.
De esta manera, sostienen, la literatura económica elaborada después de la crisis financiera (en Estados Unidos, Europa y también en México) hace énfasis en mantener a la inversión pública a salvo de “los recortes, planes de austeridad o presupuestos base cero”.

La salud sexual, desplazada
Si algo sobrevivió a esta reingeniería del gasto público fueron las dificultades para dar pleno seguimiento al presupuesto. A pesar de que la premisa de la actual propuesta es que todos los gastos deben estar detallados y justificados, la información que está disponible a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se presenta muy diferente de cómo estaba el presupuesto anterior, lo cual mantiene la poca transparencia del PPEF 2016.

Así lo identificó Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que en conjunto con otras organizaciones civiles conformó el Colectivo por un Presupuesto Sostenible (PESO), el cual ha propuesto limitar los gastos en publicidad oficial, transparentar la deuda con los organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, focalizar mejor los recursos que se van al campo y tener mayor transparencia en salud (el Ramo 12), “un área que se ha caracterizado por su opacidad”.

Hasta este año, la salud reproductiva se integraba en el programa presupuestal P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, operado en su mayor parte por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR). Se encargaba fundamentalmente del abasto de métodos anticonceptivos desde el gobierno federal y de los insumos para la detección de cáncer cérivcouterino, por ejemplo. Otra parte del gasto era operado por hospitales de especialidad, como el Instituto Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Psiquiatría.

Pero a partir de 2016, este programa desaparecerá y será sustituido por el P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva, que igualmente operará el CNEGySR, algunos de los hospitales de especialidad mencionados, y se suma la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud.

La organización Fundar lleva años señalando que tanto el PPEF como el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) requieren ofrecer más detalle sobre la forma en que se gastan los recursos. Así, consideran que en el PPEF 2016 los datos referentes a la compra de métodos anticonceptivos están “extraviados”, lo cual es grave porque se trata de “(uno) de los más básicos bienes en salud que cualquier Estado y gobierno debe proveer a la población en general”, de acuerdo con un artículo publicado por Daniela Díaz, del área de Presupuestos y Políticas Públicas.

De acuerdo con la investigadora, los recortes presupuestarios identificados en el PPEF 2016 indican que el comportamiento financiero en este rubro “es nebuloso”. Esto porque, si al Sistema de Protección Social en Salud se le reducirán los recursos en un 5.43 por ciento, no está claro cómo esto afectará la compra de anticonceptivos. “En el proyecto del PEF 2016 es inexistente una explicación de dicho recorte y sus consecuencias”.

Las deficiencias en la transpaerencia presupuestal no se pueden atribuir a la actual adminstración priísta. El Ramo 12 Salud ha ofrecido información limitada durante al menos los dos sexenios anteriores. Si algo se ha destacado al analizar los presupuestos año con año es la necesidad de “etiquetar” el gasto para hacerlo rastreable. Más allá de poner “candados” (que fue durante algún tiempo otra petición de la sociedad civil organizada), al menos debería poder localizarse cada partida justo donde se la propuso: para un gasto determinado cuyo único propósito debería ser el de mejorar las condiciones de vida de la población.

S U B I R

Facebook otorga 17 semanas de licencia, un bono de 4 mil dólares y guardería, así como la opción de trabajar desde casa. Por su parte, la empresa Virgin acaba de anunciar que dará 12 meses de permiso: con el total del salario si el empleado ha trabajado cuatro años o más, y con el 25 por ciento si tiene menos de esa antigüedad.

En España, si se tienen dos o más bebés (ya sea por parto o adopción múltiples), el permiso de paternidad se amplía, desde la base de 13 días, en dos días por cada hijo a partir del segundo. En cambio, en el nacimiento del tercer hijo en adelante, la licencia se extiende hasta 20 días naturales.

La empresa Google da 12 semanas de licencia a sus trabajadores que son padres, o 18 semanas si el papá es primerizo, así como 500 dólares para gastos, además de contar con guardería en las oficinas.