De 2009 a marzo de este año, el Gobierno de la Ciudad de México aseguró 290 inmuebles a la delincuencia organizada, y mediante el mecanismo de extinción de dominio logró que muchos pasen a ser parte de su patrimonio inmobiliario, para, posteriormente, entregarlos a instituciones públicas de esta capital, sobre todo a las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Desarrollo Social (Sedeso), donde se instalaron nuevos sectores policiacos, comedores comunitarios, unidades médicas, albergues o casas y centros de justicia para víctimas de la violencia.

Cifras de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), de la Oficialía Mayor y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) locales –entregadas a partir de una solicitud de información presentada por este diario– revelan que en el total de inmuebles intervenidos se señalaba la comisión de los delitos de narcomenudeo y trata de personas, o bien estaban relacionados con el robo de autos y el secuestro.

Esos datos precisan que una vez incautados esos 290 predios, se iniciaron los procedimientos de extinción de dominio ante los 10 juzgados civiles especializados en la materia. El TSJ detalló que de ese universo, 164 casos fueron resueltos en favor del gobierno capitalino; en 31 casos ganó el afectado y se le devolvió el bien, y 80 están pendientes de resolución; sólo en 16 concluyeron los asuntos por desestimiento de la acción, sobreseimiento, desechamiento o caducidad de la instancia.

En cuanto a la ubicación de las edificaciones requisadas, la mayoría se localizan en la delegación Iztapalapa, con 75; en Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, 43 cada una; en Coyoacán, 19, e Iztacalco y Tlalpan, 16 cada una.

En respuesta a la solicitud de información que se le hizo, la Oficialía Mayor puntualizó que a la Sedeso se le entregaron 10 inmuebles e instaló tres comedores públicos o comunitarios; en tres más, oficinas, y el resto son un albergue, una casa hogar, un centro de asistencia e integración social y una Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar, sus Hijas e Hijos.

Respecto de la SSP, la Oficialía Mayor informó que se le asignaron nueve predios para instalaciones policiacas.

Añadió que hay todavía 22 propiedades en las cuales no se han reunido las autoridades capitalinas (SSP, PGJDF, Oficialía Mayor y Secretaría de Finanzas) para determinar su destino y que incluso están en proceso de inscripción al patrimonio inmobiliario local. Otros ocho casos son enajenaciones en las cuales está pendiente su entrega.

A la PGJDF se le entregaron dos inmuebles; tres a la Secretaría de Salud, uno a la Secretaría de Cultura e igual número a las de Desarrollo Urbano y de Gobierno.