Madrid, 25 de mayo. Los parlamentarios, jueces y alcaldes del Estado español acordaron por unanimidad reducir sus salarios para dar cabida a las recomendaciones de los organismos internacionales y de las autoridades europeas sobre la reducción del déficit público. España es uno de los países más afectados por la crisis financiera y económica internacional, con uno de los índices de desempleo más elevados –de 20.5 por ciento– y una bajada drástica del nivel de actividad de los principales sectores de la economía; la construcción, el turismo y los servicios.

Hace dos semanas, cuando se intensificaba el temor a un posible contagio de la crisis de Grecia a España y Portugal, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero anunció un drástico plan de ajuste con el que aspira ahorrar algo más de 15 mil millones de euros a las arcas del Estado. El programa de ahorro tenía su base en una bajada generalizada de los salarios a todos los funcionarios públicos –algo más de un millón 200 mil–, la congelación de las pensiones a partir del próximo año y una reducción de más de 6 mil millones de euros en infraestructura.

En la presentación de aquel plan de ajuste, el mandatario español anunció solemne que era lo que el país necesitaba para afrontar el futuro, al tiempo que reclamó al resto de los estamentos del Estado –jueces, parlamentarios y alcaldes– a que siguieran su ejemplo e intentaran reducir al máximo los costos de las instituciones al Estado.

La respuesta del Congreso de los Diputados, la Cámara de Senadores, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Española de Municipios y Provincias se hizo pública hoy, con sendos acuerdos por unanimidad de una reducción de salarios generalizada. Un hecho inédito en la historia reciente, lo que confirma una vez más la gravedad de la crisis en este país, que hace sólo una década era elogiado en los foros internacionales empresariales y financieros por su crecimiento sostenido y su modelo de desarrollo, basado sobre todo en el sector de la construcción y en la burbuja inmobiliaria.

Los diputados y senadores españoles acordaron reducir sus salarios y prestaciones entre 10 y 15 por ciento, según los ingresos de cada parlamentario. Es decir, que los que ganen más verán reducidos en mayor medida sus emolumentos, mientras que los que tengan menos prestaciones y salarios más bajos sufrirán menos recortes. Un diputado medio en España gana al mes, por asignación básica (salario base), alrededor de 3 mil 300 euros, a lo que hay que añadir los ingresos por prestaciones, que en muchos casos duplica el ingreso base.

De igual manera, todos los alcaldes del Estado español acordaron reducción que van desde 0.25 hasta 15 por ciento, en función de los salarios de cada uno. El margen es tan amplío por las diferencias de salarios entre ellos, pues los ediles de las principales ciudades tienen en algunos casos, como los de Madrid y Barcelona, sueldos similares a los del presidente del gobierno. En este caso la reducción será la máxima, de 15 por ciento, al igual que hizo el presidente Rodríguez Zapatero y todo su gabinete.