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La procuraduría estatal presenta al Congreso peritajes de la averiguación previa

Hidalgo: solicita PGJE desaforar a regidora acusada de lesionar con ácido a dos mujeres
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 12 de mayo de 2014, p. 33

Pachuca, Hgo., 11 de mayo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) solicitó al Congreso local el desafuero de la regidora independiente Lucinda Hernández Aniceto –quien obtuvo el cargo postulada por una coalición de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional–, acusada de lesionar el rostro a dos personas, a quienes arrojó ácido clorhídrico el 31 de marzo pasado.

La PGJEH informó que después de que se realizó el análisis lógico-jurídico de la averiguación previa 11/068/2014, se encontraron elementos suficientes para solicitar el desafuero de Hernández Aniceto. Éste es el segundo juicio de desafuero que solicita la PGJEH. El 11 de abril anterior el Congreso local votó a favor de quitar el fuero al presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, Hilario Mendoza Benito, quien lesionó a golpes a su esposa en diciembre pasado.

A Hernández Aniceto se atribuye el delito de lesiones dolosas calificadas. Análisis periciales encontraron ácido clorhídrico en la ropa de los agredidos.

En su denuncia, las agraviadas (cuyos nombres reservó la PGJEH) refieren que el 31 de marzo cenaban en compañía de otras personas en una taquería del barrio Santa Cruz, municipio de Molango, cuando arribó la regidora y les arrojó ácido clorhídrico en la cara.

En días posteriores, una de las quejosas recibió insultos y amenazas en su teléfono móvil, temió por su vida y presentó una demanda ante el Ministerio Público.

La PGJEH integró al oficio de petición de desafuero las pruebas contenidas en la averiguación previa, a fin de que el Congreso estatal inicie el procedimiento de desafuero, previsto en los artículos 25 al 28 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Según la normativa, a partir de la solicitud de juicio de procedencia deben transcurrir tres días hábiles para notificar a la denunciada, siete días para que ésta responda por escrito ante la comisión instructora, y 30 para el inicio de las diligencias.

Finalmente, en un término de 12 días la comisión instructora deberá presentar el expediente a las partes, y luego de que éstas expongan sus alegatos, en 12 días se emitirá el dictamen, que se someterá al pleno para su votación.