Política
Ver día anteriorSábado 26 de julio de 2014Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Los deudos reprueban la actitud oficial

Otro amparo al presunto asesino de Salvárcar
Ruben Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 26 de julio de 2014, p. 15

Ciudad Juárez, Chih., 25 de julio.

La Fiscalía General del estado de Chihuahua informó a los familiares de 16 personas asesinadas en la colonia Villas de Salvárcar –en enero de 2010– que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió este mes amparo en favor de Israel Arzate Meléndez para no vincularlo nuevamente a proceso por los delitos de homicidio calificado, como pretendían autoridades estatales.

Los deudos recibieron la información oficial del juez noveno de distrito mediante un oficio, donde les notificaron que un tribunal resolvió el auto de no vinculación a proceso de Arzate Meléndez, dejándolo en libertad absoluta por no existir elementos de prueba en su contra que lo relacionen con los homicidios, lo que ocasionó molestias entre los padres, quienes tras ser notificados se reunieron para analizar el amparo y determinar lo que harán.

María Dávila, madre de dos de los jóvenes asesinados y conocida por la frase Usted no es bienvenido, presidente, espetada a Felipe Calderón, expresó que trata de entender el significado del escrito, aunque lo que se puede apreciar es la notificación de la fiscalía atendiendo la resolución de la SCJN de que le otorga un amparo más.

Nos vienen a dar un amparo de Israel Arzate y esto se nos hace una burla, nos están dando atole con el dedo, dijo María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña. Esta notificación les llega el mismo día en que realizamos la publicación de una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, donde mencionamos que las familias afectadas por esta tragedia solicitamos justicia, en los órdenes jurídico, personal, social, económico y moral.

En la Fiscalía General en la zona norte dijeron desconocer este reclamo de los padres de familia.

El año pasado la SCJN determinó que Arzate Meléndez no era responsable de participar en la masacre y que fue torturado para que confesara. En noviembre de 2013 le otorgaron otro amparo para que las autoridades de Chihuahua no ejercieran acción penal en su contra por el delito de robo de auto.

Los familiares afirman que desafortunadamente las autoridades en México, y las organizaciones defensoras de los derechos humanos siempre han estado en favor de este asesino.

Además, la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) remitió a la ciudad de México la averiguación previa interpuesta por Arzate Meléndez contra militares que lo torturaron para incriminarlo y al menos dos de ellos están identificados.

El grupo de seis familiares de las víctimas, encabezado por Adrián Cadena, quien perdió un hijo, dijo que las autoridades han protegido a Arzate, a quien le han otorgado dos amparos, uno por ser presuntamente torturado –con lo que eludió su participación en la masacre– y otro por utilizar en ese hecho un auto robado para matar a 15 jóvenes y un adulto.

En la PGR se dijo de manera extraoficial que existen al menos dos militares plenamente identificados que participaron en la detención y tortura de Arzate. Son los cabos Guadalupe Alvarado Vargas y Carlos García Nicolás, del séptimo Batallón de la Policía Militar.

En su parte informativo los cabos dijeron que la detención de Arzate se realizó a las 19:30 horas en las calles Henequén y Durango, el 4 de febrero de 2010, a bordo de la camioneta Jeep Grand Cherokee supuestamente con reporte de robo, pero en la indagatoria afirmaron que Arzate Meléndez fue detenido el 3 de febrero de 2010 cuando se encontraba vendiendo discos piratas cerca de un supermercado, por la avenida Jilotepec, y lo mantuvieron privado de su libertad en las instalaciones militares hasta 6 de febrero.

La recomendación 49/2011 de la CNDH al entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, indica que la PGR y la procuraduría militar deben iniciar una averiguación previa en contra de éstos y otros servidores públicos.

Añadir un comentario