Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER  
Domingo 13 de marzo de 2011 Num: 836

Portada

Presentación

Bazar de asombros
Hugo Gutiérrez Vega

Tres cuentos
Orlando Monsalve

Céline, bagatelas
de un aniversario

Gabriel Santander

La aguja en el arenal
(poesía joven de Jalisco)

Philip K. Dick,
el filósofo escritor

Matteo Dean

Las manos de John Berger
Ángela Pradelli

Palabras
John Berger

Grandeza y miseria de
un vestido y un cocodrilo

Vilma Fuentes

Leer

Columnas:
Prosa-ismos
Orlando Ortiz

Paso a Retirarme
Ana García Bergua

Bemol Sostenido
Alonso Arreola

Cinexcusas
Luis Tovar

La Jornada Virtual
Naief Yehya

A Lápiz
Enrique López Aguilar

Artes Visuales
Germaine Gómez Haro

Cabezalcubo
Jorge Moch


Directorio
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Luis Tovar
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Preguntario y presuncionario

“Ustedes traen aquí una bomba”:  este juntapalabras le dijo lo anterior a un miembro del equipo de producción de Presunto culpable, al término de una exhibición de acceso restringido, hace aproximadamente año y medio. Lo que nadie podía anticipar eran el sitio, el momento y los alcances precisos del estallido de dicha bomba. Estas líneas son escritas el miércoles 9 de marzo, cuando ya fue revocada una orden judicial que obligó a sacar Presunto... de la cartelera, sitio en el que desde jueves o viernes debió ser reinstalada.

La suspensión de la exhibición del documental se originó en la demanda de Víctor Manuel Reyes Bravo (VRMB), quien alegó “ser objeto de desprestigio, vejaciones, humillaciones, burlas y amenazas desde que el documental fue estrenado”. Para quien no haya visto el documental o no haya leído algo de lo mucho que se ha publicado al respecto, vmrb fue testigo único en un juicio por homicidio, en virtud de cuyo testimonio Antonio Zúñiga (AZ) fue condenado a veinte años de prisión, dos veces por el mismo juez, ya que el juicio tuvo que ser repuesto. En el careo que puede verse en Presunto..., VMRB se contradice y se desdice, y finalmente AZ es liberado no porque se le considere inocente, sino por lo que en la jerga jurídica llaman “duda razonada” o “razonable”.

Preguntario

VMRB se queja de ser víctima de “desprestigio, vejaciones, humillaciones, burlas y amenazas”. ¿De qué habrá sido objeto AZ en el Reclusorio Oriente, donde fue a parar por culpa del testimonio de VMRB, luego reconocido públicamente como falso –ojo, públicamente, ya que un juicio es un acto público, por el propio VMRB–, donde AZ permaneció más de dos años y de donde muy probablemente no hubiera salido sino dieiocho años más tarde si el material que da cuerpo a Presunto culpable no se hubiera grabado? Obviedad: un juicio no es un acto privado. ¿Puede alegarse entonces “invasión de la intimidad”, como lo hizo VMRB para demandar que Presunto... no se exhiba?

La familia del primo de VMRB, es decir, del minitraficante de drogas de cuyo asesinato se acusa a AZ, se inconformó por la aparición del cuerpo de aquél en el documental. ¿Veremos ahora un alud de demandas contra El Gráfico, La Prensa y otros medios no tan tristemente célebres pero igual de amarillistas, porque publican –llevamos años– imágenes sanguinolentas, con toda seguridad sin un permiso escrito de los deudos de cada accidentado/balaceado/decapitado/etcétera? Un diario cuesta diez pesos o menos; el cine, más de cincuenta. ¿Por qué será que la exhibición cinematográfica es considerada más lesiva a la imagen pública que la periodística?

Paralelamente, Unoqueotro se ha rasgado las vestiduras por ello, así como por el hecho de que Presunto... toma dicho crimen como “pretexto argumental” pero no abona a su esclarecimiento y se queda, cinematográficamente, con el punto de vista de la víctima después de la víctima, es decir de AZ. ¿Ahora resulta que un documental, para que pueda ser nombrado así, por fuerza debe aportar  soluciones a la problemática de la cual se hace eco?

Por su parte, Unoscuantos deplora que el documental se estacione en la baja estofa del sistema jurídico mexicano. Si la antedicha problemática es casuística –el caso de AZ– y no genérica –el estado actual del sistema judicial mexicano en su conjunto–; si los reproches a Presunto... vienen precisamente de su “falta de inclusividad”, de “exhaustividad” o de “objetividad”, ¿dónde queda esta última, si primero se le exige involucramiento –que abone a esclarecer un crimen– y luego se le reprocha el modo en que se involucró, llamándolo sesgo?

A propósito, ¿existe acaso un solo trabajo documental exhaustivo, del tema que sea?

Presuncionario

Arisca que nos la dejaron desde hace mucho los muchos palos, la mula de nuestra desconfianza de inmediato exclamó: “censura”, al prohibirse la exhibición pública de Presunto... Pareciera no haber tal, pero Hipótesis dijo que un buey voló: como puede que sí, puede que no... Donde todo es sospechosismo, todo cabe: desde que el rebumbio de Presunto... tenga una fea cola bifurcada que llega incluso hasta donde la Iniciativa Mérida –por favor lea la columna Astillero, del querido colega Julio Hernández, del lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de marzo–, hasta que, en efecto, la decisión de parar la exhibición del documental no hubiese sido del todo imparcial. ¿O a poco ya vivimos en un país en el que podemos confiar plenamente en todos los jueces? ¿Qué tal, por ejemplo, en el juez que aparece en Presunto culpable?