Chihuahua, Chih., 12 de marzo.

Una comisión de cuatro indígenas rarámuris tendrá audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer los problemas que enfrentan para que las autoridades agrarias mexicanas reconozcan sus derechos sobre territorios ancestrales en las comunidades de Huetosachi, Bakajípare y Mogótavo, en los municipios de Urique y Choreachi, y Coloradas de la Virgen y Mala Noche, municipio de Guadalupe y Calvo.

Las gobernadores indígenas María Monarca Lázaro y María Luis Bustillos, de Huetosachi; Lorenzo Moreno Pajarito, representante de Bakajípare, y Miguel Manuel Parra, de Mala Noche, informarán a la CIDH, en Washington, la situación de los litigios por despojo de tierras, que llevan hasta 20 años sin que las autoridades mexicanas los resuelvan.

En Bakajípare, localizado en los terrenos del Parque Aventura de la Barranca del Cobre, administrado por el fideicomiso turístico del mismo nombre creado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), los indígenas exigen que se respete su derecho a ser informados sobre los alcances del proyecto que se desarrolla en sus tierras.

Los habitantes de esa comunidad, asesorados por la organización no gubernamental (ONG) Consejería Técnica Comunitaria AC (Contec), fue favorecida con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al Fideicomiso Barrancas del Cobre a consultar los proyectos con los indígenas, en su propia lengua.

También se obliga al fideicomiso a permitir que los grupos étnicos tomen decisiones con base en sus usos y costumbres; sin embargo, esta orden no se ha acatado en los proyectos que se desarrollan en el Parque Aventura, informó la ONG.

Los representantes de las comunidades también expondrán el rezago en el que viven las etnias originarias de la sierra Tarahumara, sin servicios básicos y con el deterioro ambiental ocasionado por minería y el turismo.